La política vs Twitter

Hay días en los que bucear por Twitter es como descender a los infiernos. Te mueves entre los trending topics (“temas de moda”, para los no iniciados en la religión) y te topas de bruces con comentarios mezquinos, llenos de odio, de rabia… La miseria humana condensada en 140 caracteres. Es algo que sabe cualquier usuario habitual de esta red social: en Twitter hay mucha mala baba y mucho canalla escondido tras un nick y un avatar. ¿Significa esto que es necesario regular Twitter, tal como han pedido esta semana algunos partidos políticos? No.

No sólo no es necesario, sino que no se debe. Es más, dudo que se pueda. De las pocas cosas que recuerdo de las clases de Derecho de la Información es que las condenas por apología del terrorismo eran muy escasas, y que la mayoría se tumbaban en instancias superiores. ¿Cómo condenar entonces al ciudadano indignado (o al energúmeno de turno) por las barbaridades que escupe contra la clase política? Por más indeseables o repulsivos que sean sus tuits, siempre que no incurran en injurias o calumnias contra un individuo concreto, estará en su derecho.

Y es que lo que se dice en Twitter ya está regulado, señores políticos:  por un lado, amparado por nuestro derecho a la libertad de expresión, y por otro, limitado por el derecho al honor del prójimo. Ambos se hallan recogidos en la Constitución y es el Código Penal el que se encarga de regular cualquier atentado contra el derecho al honor (o la dignidad) de los individuos. De hecho, ya existen varias condenas en España que demuestran que esa percepción de impunidad del que insulta desde el anonimato de una red social es falsa. Primero porque ese anonimato no es tal, puesto que la Policía puede identificar a cualquier usuario a través de su dirección IP, y segundo porque el Código Penal está bien desarrollado en lo que se refiera a los delitos de injurias y calumnias (artículo 205 y siguientes, para los interesados).

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Nos encontramos, por tanto, ante un debate artificial que parte de un mal hábito de la clase política española: el de querer legislar reactivamente. No desde la mesura, no desde el sentido de justicia, sino al calor del debate público que esté en llamas en ese momento. Debate puesto en la agenda, habitualmente, por el inefable periodismo de bufanda que sufrimos en este país (y que no sólo existe en el fútbol). Desde las filas de ese periodismo panfletero, en este caso del de la derecha, se han escuchado barbaridades como que el asesinato de la presidenta del PP y la Diputación de León, Isabel Carrasco,  responde a un clima de agitación contra la clase política, un clima generado por una suerte de movimiento subversivo alimentado por las redes sociales, las plataformas antidesahucio, el 15M y, en general, cualquier otra cosa que les moleste. Y lo han hecho a pesar de que desde el principio la investigación policial ha señalado la venganza personal como móvil probable del crimen. Y para sustentar esta chorrada de tesis, no sea que la realidad les estropee el titular, no han tenido reparo en dar publicidad a tuits (bastante lamentables) de perfiles de Twitter que apenas cuentan con unos cientos de seguidores, una audiencia muy limitada formada por otros usuarios similares, los únicos capaces de tolerar en su timeline semejante retahíla de basura. Pero ello no ha sido óbice para que estos medios esparzan dicha basura dándole el espacio de opiniones relevantes.

En última instancia, a uno le queda la incómoda duda de por qué cuando se ha insultado a los inmigrantes ahogados en el Estrecho o en Lampedusa, o cuando cualquier extraviado ha amenazado de muerte a ciudadanos que pretendían hacer pública su causa a través de las redes sociales, los partidos políticos y sus medios afines no han considerado igualmente imperiosa la necesidad de regular Twitter.

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5 thoughts on “La política vs Twitter

  1. Que tienes más razón que un santo. 20 años después de creado el chiste de Irene Villa o Miguel Ángel Blanco, puedes ser encerrado/a por contarlo… ¿Delito de risa retroactiva?
    No es que defienda el mal gusto y la mala educación, o la falta de empatía, es que entramos en un camino peligroso. Muy peligroso.

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  2. Estamos de acuerdo, Laraule. Hace unos días Enrique Dans comentaba en su blog que hay una pulsión de los poderes políticos por controlar la información, y mencionaba como ejemplo los cambios de directores en periódicos de referencia y este acuerdo PP-PSOE en que es necesario “regular” las redes sociales. Pretender amordazar la libre información es un camino muy peligroso.

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  3. Tengo que darte toda la razón, David. El caso es que han coincidido algunas circunstancias para tomar tan desacertada decisión: las elecciones europeas y la necesidad de justificar la injustificable ley de seguridad propulsada por el Ministerio del Interior… Hoy mismo he leído una noticia sobre el alcalde de Sestao y la manera tan indigna e insultante con que se refirió en un pleno del ayuntamiento a los inmigrantes en esta localidad. Lo peor es que su partido, el PNV en este caso, ni siquiera le ha llamado la atención, más bien al contrario se ha pasado el día justificando lo injustificable. Como bien dices hay legislación para perseguir a quienes difamen, amenacen, coarten e insulten independientemente de si lo hacen en persona o en papel, en la televisión o en Internet. Y lo que mucho me temo es que después de tanto follón, cuando la denuncia de algún afectado o un grupo político lleve esto ante el Constitucional, la cosa se invalidará. Tiempo, recursos y dinero se irán en esta nueva ocurrencia del gobierno.

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  4. No me cabe duda de que una posible “ley mordaza” a las redes sociales acabaría cayendo en el TC. Por eso no creo ni que llegue a plantearse seriamente más allá del “folclore” de estas dos últimas semanas, Carolina. Un saludo y un placer verte por aquí!

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  5. Igual es el momento de empezar a gritar ¡Qué vienen los fachas! a la vista de los resultados electorales en Europa y la postura frente a Ucrania y Siria. Cada vez estoy más convencida de que estamos en lo que se estudiará como la Crisis del 2008 y el Auge del Fascismo…
    Este tipo de censuras -y autocensuras- hubieran sido impensables en la época de la Transición, por ejemplo.

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